Por Julia Segoviano Economista de LCG
El 2018 fue un año difícil. Entre corridas cambiarias, devaluación, inflación y recesión, el año terminó con una caída del producto de 2,5%. Y en 2019 volverá a caer. Esto plantea una serie de interrogantes acerca de los primeros días del próximo gobierno debido a la sensibilidad con que deberán manejarse ciertos temas. La gestión venidera, lejos de tener un cheque en blanco, se enfrentará a varias limitaciones, sin importar el color político que adquiera.
En primer lugar, y aunque parezca trillado a esta altura, deben encararse una serie de medidas cuyo objetivo principal (incorporando incluso el largo plazo) sea poner el foco en crecer. La discusión acá, y en la cual ya no hay tanto consenso, es si este fin se debe alcanzar primero con una recuperación del mercado interno, tan golpeado en los últimos meses, para luego virar hacia una mirada exportadora o si el orden de prioridad debería ser a la inversa. En cualquiera de los dos casos, será fundamental recuperar el entramado productivo que se viene deteriorando hace varios años y fortalecerlo a través de años estables y sin caídas. Pero, ¿cuál es el margen que tiene el próximo gobierno para hacer esto? La respuesta es que es muy pequeño, situación que obliga a ser prudente y pensar con inteligencia cada decisión.
La intervención del Estado para dinamizar la economía con políticas de subsidios e incentivos ha demostrado ser muy importante cuando su aplicación es responsable. Sin embargo, el gobierno entrante no dispondrá de mucho espacio para aumentar el gasto (actualmente alcanza niveles históricamente altos) ni tampoco para financiarlo, dados los niveles de presión tributaria que mantenemos y el endeudamiento externo. Esto limita las posibilidades de hacer política fiscal expansiva para reactivar el consumo.
Por su parte, la recuperación del mercado interno deberá ser prudente, de modo de evitar un recalentamiento de la economía que pueda complicar el proceso de desinflación que se está comenzando a ver. Esto último es una decisión de política que será fundamental que adopte el próximo gobierno, debido a la enorme indexación que tienen los contractos en nuestra economía dado el régimen de alta inflación en el que hemos entrado hace rato (hemos tenido inflación anual de dos dígitos durante los últimos quince años).
A esto se le deben sumar otros factores coyunturales como tasas en niveles muy elevados que limitan las posibilidades de reactivación y expansión del crédito, pero buscan sostener el dólar y evitar presiones inflacionarias, así como también el sinceramiento de tarifas, que se debe manejar equilibradamente para evitar que se vuelvan a atrasar, pero sin subestimar el ancla nominal que significan. Todo este malabarismo debe realizarse en un contexto de fuerte caída del salario real y descontento social, razón por la cual, nuevamente el margen para tomar medidas queda condicionado a múltiples factores, debido a los niveles límites en que se encuentran todas las variables.
Finalmente, pero no menos importante, será necesario mirar de cerca la trayectoria de la deuda. En general, hay acuerdo respecto a la necesidad de reestructurarla. Actualmente la misma alcanza el 88% del PIB (dato actualizado al primer trimestre de 2019) y el riesgo de que adquiera una dinámica de insolvencia en caso de no poder aplazar ciertos pagos es alto. Los mayores desafíos se encuentran en 2022 y 2023, es decir, los dos últimos años del próximo mandato. Negociar con habilidad para poder cumplir con las obligaciones adquiridas se suma a la lista de desafíos del gobierno entrante. Los caminos son variados, pero el objetivo a la orden del día será uno solo: crecer.
